Alcaldes exigen al Gobierno actualizar precios de construcción para garantizar obras municipales
La reunión de emergencia de los municipios capitales y El Alto también planteó avanzar en la Agenda 50-50, recuperar recursos del IDH y trasladar al Gobierno central obligaciones financieras que actualmente asumen las alcaldías
Los alcaldes de las ciudades capitales del país y El Alto concluyeron este lunes 9 de noviembre una reunión de emergencia con una agenda de demandas económicas y administrativas dirigidas al Gobierno nacional. Entre sus principales exigencias está la aprobación, hasta este viernes 13 de noviembre, de un decreto supremo de actualización de precios que permita garantizar la continuidad de las obras públicas y los servicios municipales.
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Fátima Tardío, presentó las conclusiones del encuentro y recordó que el Ejecutivo asumió compromisos para emitir esta normativa. “Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios”, manifestó.
La autoridad explicó que el incremento de los costos de construcción y operación afecta la ejecución de proyectos municipales, por lo que consideró urgente establecer nuevos parámetros que permitan sostener las obras en marcha, concluirlas y garantizar el funcionamiento de los gobiernos locales.
“Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad, su conclusión y algunas salvedades necesarias para el funcionamiento de todos nuestros municipios”, sostuvo.
Agenda 50/50 y redistribución de recursos
Otro de los puntos centrales fue la exigencia de que los municipios participen directamente en las negociaciones sobre la redistribución de los recursos económicos del Estado, en el marco de la Agenda 50-50.
Tardío señaló que los gobiernos municipales buscan una distribución más equitativa de los ingresos y la reconstrucción del pacto fiscal, con el propósito de fortalecer su autonomía financiera. “Vamos a exigir que nosotros, al igual que otros actores, seamos parte del debate en un altísimo nivel democrático y de participación en el diálogo”, afirmó.
Para avanzar en este objetivo, los alcaldes definieron una hoja de ruta técnica con siete componentes: la definición de la masa coparticipable, la normativa del 50-50, un cronograma de convergencia fiscal, la reducción de cargas financieras, la restitución de recursos, la actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.
Reclaman devolución de recursos del IDH
Entre las demandas económicas también figura la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los municipios exigen que se devuelvan los recursos retenidos durante la gestión 2025 y que se suspendan nuevas retenciones para 2027.
“Estamos exigiendo la devolución de los recursos retenidos en el 2025 y la suspensión de la retención para el 2027”, indicó la vicepresidenta de la AMB, quien señaló que esta propuesta representa uno de los principales consensos entre las autoridades municipales.
Buscan que el Gobierno central asuma nuevas obligaciones
Los alcaldes también acordaron impulsar modificaciones legales para evitar que las municipalidades continúen cubriendo gastos que, según su planteamiento, corresponden al nivel central del Estado.
Entre las propuestas está modificar la Ley 977 para que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago del bono para personas con discapacidad. Asimismo, plantearon revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario técnico y jurídico de las obligaciones financieras que actualmente recaen sobre los municipios.
“Que los municipios ya no asuman algunas cargas que le competen estrictamente al nivel central”, explicó Tardío.
Finalmente, los gobiernos municipales propusieron fortalecer sus ingresos propios mediante la revisión de mecanismos de recaudación, entre ellos el retorno de la inspección técnica vehicular a la administración municipal. (Correo del Sur)