Advierten deterioro laboral por el ajuste monetario

> El analista económico Oswaldo Irusta Díaz, en entrevista con EL DIARIO, afirmó que la política monetaria contractiva busca frenar la inflación; pero ya muestra efectos sobre el empleo, la informalidad y los ingresos.

La política monetaria destinada a contener la inflación puede profundizar el deterioro del mercado laboral y trasladar parte del costo del ajuste hacia el empleo, los ingresos y la informalidad, advirtió el economista Oswaldo Irusta Díaz, quien además planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social ante los efectos que podría generar el proceso de estabilización económica.
Irusta dijo que la orientación contractiva asumida por el Banco Central de Bolivia (BCB) busca frenar las presiones inflacionarias, pero considera que esa estrategia tiene consecuencias sobre una economía que atraviesa una fase recesiva.

“Se puede decir con rigor técnico y además con base en el propio informe del Reporte de Inflación y Política Monetaria del Banco Central que la política monetaria sí está priorizando contener la inflación aun a costa del empleo”, afirmó.
El más reciente Reporte de Inflación y Política Monetaria confirma que el BCB mantuvo durante el primer semestre de 2026 una orientación contractiva y que, desde el 26 de junio, adoptó la Base Monetaria como ancla nominal dentro de un nuevo marco de política monetaria. La entidad también reconoce un deterioro del mercado laboral y una caída de la actividad económica.
El informe establece que, a junio de 2026, la población ocupada disminuyó en cerca de 205.000 personas respecto al cierre de 2025, mientras la población inactiva aumentó aproximadamente en 198.000. El BCB señala que la reducción de la ocupación fue consistente con la contracción registrada en distintos sectores de la economía.
Además, interpreta ese deterioro como parte del costo del ajuste monetario. “La pérdida, por ejemplo, que habla este informe de 200 mil puestos de trabajo en el primer semestre, no es un efecto colateral, es el costo directo de usar la base monetaria como ancla nominal”, señaló.

Sin embargo, esa relación causal corresponde al análisis del economista y no a una conclusión expresada por el BCB. Técnicamente el documento habla de una reducción de la población ocupada y no de una pérdida contabilizada de 205.000 puestos de trabajo.
“La inflación va a caer, sí, pero porque la economía se está enfriando más rápido de lo que el mercado laboral puede soportar”, sostuvo Irusta al advertir que una desaceleración pronunciada de la actividad puede afectar principalmente a los trabajadores.
Frente a ese escenario, el economista considera fundamental avanzar hacia una mejor focalización de la ayuda estatal. Explicó que este mecanismo supone sustituir progresivamente subsidios generalizados por instrumentos capaces de dirigir recursos hacia los hogares que soporten con mayor intensidad los efectos del ajuste.
“Focalizar subsidios quiere decir quitar los subsidios generalizados y redirigirlos solo a la población más vulnerable que pueda ser afectada principalmente por el costo del ajuste”, indicó.

Una de las herramientas previstas para ese propósito es el Registro Social de Hogares. Irusta señaló que permitiría identificar con mayor precisión a las familias vulnerables y canalizar bonos, transferencias y otros mecanismos de asistencia.
En este punto existe una precisión necesaria respecto a la entrevista. El financiamiento negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alcanza los $us 500 millones, aunque ese monto no está destinado exclusivamente al registro. Según la información oficial, $us 12,5 millones corresponden a su creación, mientras $us 485 millones se destinan al complemento de la Renta Dignidad y otros $us 2,5 millones a evaluaciones y auditorías.
El BID sostiene que el programa busca fortalecer el sistema boliviano de protección social y que el nuevo registro permitirá mejorar la identificación y atención de hogares vulnerables.

Irusta advirtió que la construcción de esa herramienta no puede reducirse a elaborar una base de datos. Afirmó que requerirá cruces de información, encuestas, infraestructura informática, interoperabilidad entre instituciones, verificación y depuración de registros, además de pruebas piloto.
“Un registro social de hogares es un proceso de perfeccionamiento continuo, no se construye en meses, toma años”, señaló.
Como referencia, mencionó las experiencias de Chile y Colombia. En el caso colombiano, el Sisbén comenzó su primera versión en 1994 como instrumento para seleccionar beneficiarios de programas sociales, mientras Chile ha desarrollado durante la última década su actual Registro Social de Hogares y mantiene mecanismos permanentes para actualizar y rectificar información.

Irusta considera que Bolivia podría acelerar inicialmente ese proceso con asistencia técnica internacional y disponer de una estructura básica en pocos meses, aunque estima que un sistema ampliamente operativo requeriría entre dos y tres años.
“Es una herramienta indispensable para mitigar este costo social del ajuste y su implementación requiere tiempo y, sobre todo, rigor técnico y una institucionalidad que funcione”, aseveró.
El economista también mencionó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) como ejemplo de una medida temporal destinada a sectores vulnerables. El beneficio contempló un total de Bs 450, mediante tres pagos de Bs 150, y posteriormente se amplió hasta el 31 de julio el plazo para que beneficiarios pendientes pudieran cobrarlo.

Para Irusta, un esquema de esas características tiene un alcance insuficiente frente a un ajuste económico de mayor magnitud porque, según su análisis, las consecuencias también pueden extenderse hacia hogares de ingresos medios y medios bajos.
“El alcance de este es limitado, protege solamente a los más pobres y no alcanza a la clase media baja, que es la que va a absorber generalmente la mayor parte del ajuste”, sostuvo.
Anticipó que una combinación de incremento temporal de precios, reducción del ingreso y deterioro del empleo exigiría mecanismos de protección más amplios y mejor focalizados.
El experto relacionó este escenario con el programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI y las autoridades bolivianas alcanzaron el 29 de julio un acuerdo a nivel del personal técnico para un programa de 36 meses por aproximadamente $us 1.900 millones.
Sin embargo, el financiamiento todavía está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y a las instancias correspondientes en Bolivia, por lo que no debe presentarse como un programa plenamente vigente.
Otro de los temas abordados fue el programa gubernamental de enlosetado destinado a generar empleo mediante obras ejecutadas junto con municipios. Irusta lo considera una modalidad de empleo temporal dirigida principalmente a absorber mano de obra con baja calificación.
El actual Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo contempla una inversión de $us 92,7 millones y proyecta alrededor de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos mediante obras viales, entre ellas enlosetados y adoquinados en municipios.
Asimismo, comparó esta intervención con anteriores programas de emergencia laboral y sostuvo que puede proporcionar ingresos temporales y aliviar presiones sociales, aunque cuestionó su capacidad para generar transformaciones de largo plazo.
“Yo diría que el plan de enlosetado es un paliativo, pero no es una solución. Nos va a crear empleo, sí, pero es un empleo temporal y de baja productividad”, expresó.
Según su análisis, estos programas pueden absorber temporalmente trabajadores y producir resultados visibles en barrios y municipios, pero no sustituyen una política destinada a generar empleo formal y elevar la productividad.
“No crea, por ejemplo, empleo formal, no genera productividad, no dinamiza sectores estratégicos, no mueve el PIB, no impulsa inversión y no compensa la contracción monetaria. Es un parche social y no es una política de empleo estructural”, afirmó.
Irusta señaló que este tipo de intervención suele utilizarse para amortiguar el deterioro laboral durante periodos de desaceleración. “El impacto va a ser visible en los barrios, pero es irrelevante para la recuperación del empleo formal y, además, es nulo para revertir la recesión”, sostuvo.
En la última parte de su análisis, el economista puso énfasis en las dificultades para medir el deterioro laboral en una economía con elevada informalidad. En este punto es necesario hacer una precisión conceptual: desempleo y desocupación son utilizados estadísticamente como conceptos equivalentes. Tanto la OIT como el INE consideran desocupada a la persona que no tiene trabajo, está disponible para trabajar y realiza acciones para conseguirlo.
El fenómeno adicional al que se refiere Irusta corresponde principalmente a la subocupación, la subutilización de la fuerza laboral, el empleo precario y la informalidad.
Su planteamiento central es que una tasa de desempleo relativamente baja no necesariamente refleja buenas condiciones laborales en Bolivia, debido a que una persona que pierde su empleo formal puede verse obligada a generar inmediatamente ingresos mediante actividades informales.
El propio BCB advierte ese deterioro. A junio de 2026, la tasa de subocupación llegó al 8,21% de la población ocupada, equivalente a unas 374.000 personas, mientras la tasa de subutilización de la fuerza laboral alcanzó el 11,43%.
Además, el reporte señala que aproximadamente 3,2 millones de personas trabajaban en el sector informal urbano, equivalentes al 69,7% de la población ocupada de esas áreas.
De acuerdo con Irusta, esos indicadores permiten observar mejor una parte del deterioro que no necesariamente aparece reflejado en la tasa abierta de desempleo. Personas que antes tenían un puesto formal pueden pasar al comercio callejero, servicios de entrega u otras actividades de supervivencia y continuar estadísticamente ocupadas, pese a percibir menores ingresos o trabajar en condiciones más precarias.
“Pierde su empleo formal e inmediatamente salta a la informalidad. Los ingresos caen; aunque tenga un trabajo precario, gana menos de lo que ganaba en su empleo formal”, explicó.
A juicio del economista, ese proceso puede avanzar sin provocar un incremento proporcional de la tasa de desempleo, pero sí reflejarse en mayor informalidad, subocupación y pérdida de ingresos.
“Lo que vemos en la calle lo revela: vemos más gente trabajando, vendiendo cosas en la calle, o vecinos que empiezan a vender mermeladas, queques. Eso significa menos ingresos, más subocupación y, además, hay un empobrecimiento silencioso que avanza rápidamente”, concluyó Irusta. (El Diario)