Ministro revela que proyecto de ley de inversiones entra en etapa final
> Antes del 2000, las inversiones extranjeras alcanzaban sumas significativas, pero en los siguientes años los ingresos bajaron.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, reveló las principales características del proyecto de Ley de Inversiones, entre las cuales se encuentra establecer un “candado” de dos tercios del Legislativo para decidir futuras nacionalizaciones o expropiaciones en el país.
Los empresarios bolivianos, así como los industriales y el agro nacional, por separado, han solicitado una ley de inversiones que garantice la seguridad jurídica en el país, que asegure el retorno de capital a las empresas.
En la anterior administración de Estado, liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), ya había una norma que pretendía abrir las puertas al capital privado, pero pasaron los años y nunca se la implementó.
Además, las nacionalizaciones aplicadas en el primer período del MAS, alejaron las inversiones extranjeras y nunca más se repitió el ingreso que se registró en la era de la capitalización.
Durante el proceso de capitalización en la década de 1990 (1993-1997), el valor comprometido por los inversionistas extranjeros en las principales empresas estatales alcanzó los 1.671 millones de dólares. Adicionalmente, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) general sumó cientos de millones anuales en esos años.
En los siguientes años, la inversión no alcanzó sumas significativas. Un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que la Inversión Extranjera Directa en Bolivia registró una recuperación importante durante 2025, al pasar de 358 millones en 2024 a 620 millones de dólares en 2025, equivalente a un crecimiento de aproximadamente del 73%.
Sin embargo, ese aumento debe analizarse desde una perspectiva relativa, ya que se produjo sobre una base históricamente baja. Mientras América Latina y el Caribe captó 194.233 millones de dólares de IED en 2025, Bolivia representó el 0,3% del total regional. El crecimiento estuvo impulsado por una mayor reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país, inversiones vinculadas a minería y energía, y una recuperación parcial de proyectos que habían sido postergados en años anteriores, según reporte de mayo de Unitel.
Nueva norma
El ministro de Economía indicó sobre una de las características del proyecto de Ley de Inversiones, entre las cuales se encuentra establecer un “candado” de dos tercios del Legislativo para decidir futuras nacionalizaciones.
Espinoza señaló que ese primer pilar de la Ley de Inversiones restringirá la capacidad del Estado para llevar adelante nacionalizaciones o confiscaciones, porque requerirán decisión previa de la Asamblea Legislativa, reporta Erbol.
“Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer. A los políticos, les encanta asumir los beneficios y postergar los costos”, manifestó en una presentación del pasado viernes en la Cámara de Mujeres Empresarias, en Santa Cruz.
Aclaró que no se puede eliminar el derecho de la nacionalización o expropiación, pero se plantea poner “un candado al político de turno” y hacer que pregunte al congreso.
“Porque hoy día estamos pagando el costo de las nacionalizaciones después de 20 años. Hace 20 años atrás nacionalizaron, recibieron todo el rédito político y el costo se transfirió 20 años adelante al gobierno siguiente”, comentó.
Proteger el
patrimonio
El segundo pilar del proyecto de Ley de Inversiones consiste en proteger el patrimonio del inversionista.
“Eso es fundamental, porque si voy a tener un congreso que me dé permiso para nacionalizar o para expropiar, vamos a tener que valorar los activos en toda su dimensión. No solamente se produce con ladrillo o con fierro, se produce también con ideas, se produce también con activos intangibles y esos también van a tener que entrar en el costo cuando se valora la inversión”, explicó el ministro.
Asimismo, dijo que actualmente el tratamiento de la inversión privada en Bolivia es asimétrico, porque la Constitución establece priorizar la inversión privada nacional por sobre la extranjera. Ahora se prevé, respetando la Carta Magna, definir claramente en qué aspectos la inversión privada extranjera va a ser tratada de manera igual a la inversión privada nacional.
Arbitraje
internacional
El tercer pilar tiene que ver con la resolución de disputas sobre inversiones mediante arbitraje internacional, debido a la restricción que impone la Constitución.
Espinoza señaló que es “falsa” la idea de que no se puede recurrir a tribunales internacionales, porque la Constitución “se refiere pura y explícitamente a los hidrocarburos”.
En ese sentido, afirmó que se abre de nuevo la posibilidad de resolver disputas en el ámbito internacional para todo lo demás que no sea hidrocarburos.
La autoridad espera entregar el documento a la Asamblea Legislativa en los próximos días, ya que el mismo tiene un avance importante. (Erbol y EL DIARIO) (El Diario)